La oposición denunció enriquecimiento de empresas cubanas en Venezuela en el sector de telecomunicaciones «han hecho fortuna» en el país; mediante contratos suscritos con el Estado e instituciones públicas venezolanas, favoreciendo así a ambos Gobiernos.
«Cubatel, Copextel, Albet y Etecsa son empresas cubanas que han hecho fortuna gracias a contratos con empresas del Estado e instituciones públicas de Venezuela. Esto le ha permitido a la dictadura de Maduro copiar el sistema cubano de control político y financiar a La Habana»; explicó Julio Borges, representante del líder opositor Juan Guaidó para las Relaciones Exteriores.
Según Borges, se trata de «un mecanismo para profundizar la penetración cubana en el país y financiar a la dictadura castrista» a través de dichas compañías; que suman «más de 5.000 millones de dólares en contratos», pese a que «no tenían experiencia ni conocimiento en el área».
Enriquecimiento de empresas cubanas…
«Cuando se revisan a fondo los contratos, uno se percata que estas empresas no tenían experiencia en el área. Además, fueron contratos secretos, que se dieron de espaldas al país y que en muchos casos constituyen una violación flagrante a la soberanía. Por ejemplo, Cuba tuvo acceso al sistema de identidad de Venezuela»; precisó.
Asimismo, indicó que La Habana «es el sostén más importante de Nicolás Maduro»; a quien considera apenas le quedan apoyos.
«Maduro se ha quedado sin apoyos. Solo le quedan Cuba, Irán y el crimen organizado. La inteligencia cubana es la que le permite perseguir a la Fuerza Armada y a la sociedad civil. Es un aparataje dictatorial montado para desmontar la lucha interna del pueblo venezolano»; aseguró Borges.
Deben seguir presiones
En su opinión, ante esta situación, «el mundo debe presionar a Cuba y a Maduro para lograr una transición»; sostuvo.
Además, señaló que desde la oposición; «se seguirá insistiendo para que la comunidad internacional avance en la justicia universal frente a los graves crímenes cometidos por el régimen de Maduro».
Según la oposición, el mandatario y miembros de su Ejecutivo son responsables de numerosos crímenes y violaciones a los derechos humanos; una teoría avalada por varias organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.
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