Nicolás Maduro promulgó el jueves 23 de febrero, la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica, la cual catalogó como «ley histórica, que le abre la compuerta de los derechos democráticos a la participación y decisión a los estudiantes del país».
La firma para ejecutar la ley, la realizó durante un acto televisado por VTV junto a representantes de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media (FEVEEM) y de la Organización Bolivariana Estudiantil (OBE).
En el Palacio del Pueblo junto a la muchachada, promulgué la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica. Un Acto muy bonito que abre las compuertas de los derechos democráticos, de participación y decisión de los estudiantes de todo el país. pic.twitter.com/qDVQv9aHZU
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 24, 2023
Afirmó que la citada ley «es el renacimiento de la organización estudiantil venezolana».
Felicitó a los parlamentarios y parlamentarias de la Asamblea Nacional (AN). Que con el debate, el diálogo, la elaboración y posterior aprobación del instrumento jurídico.
«Es una ley muy importante para la verdadera base de la democracia, ya que al hablar de democracia hay que mencionar el poder del Pueblo, que significa democracia», argumentó.
En cuanto a los centros de estudio, apuntó que en los mismos se transmite y se forjan los valores de la libertad, de la soberanía, participación, de la democracia y la toma de decisiones, de la responsabilidad en el pensamiento.
#EnVivo 📹 | Promulgación de la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica.
https://t.co/1F4eAB8yqY— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 23, 2023
Vacíos y ambigüedad
Esta ley fue creada, de acuerdo con el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, para la inclusión, la participación y «el enaltecimiento de la vida estudiantil», promesas que los afectados ponen en duda.
El artículo 17 de la normativa plantea la creación de los Consejos Estudiantiles como una instancia de organización y participación de los jóvenes en educación primaria y media, quienes, «a través de un proceso democrático, escogerán sus voceras, con la coordinación y apoyo del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de educación».
Estos consejos tendrán, según el texto, «plena autonomía», tanto para su conformación, como para el desarrollo de actividades. Y además, contará con el «apoyo y acompañamiento» de las instituciones «con competencia en materia de educación a nivel nacional, estatal y municipal de forma coordinada».
«Ley ambigua»
El abogado y coordinador de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, ve positivo reivindicar la participación de los estudiantes porque tienen «todo el derecho y la capacidad de expresar, de opinar, de disentir, de proponer y la participación es un vehículo que permite visibilizar otros derechos». Pero considera que la normativa es ambigua.
«Creo que el problema de esta ley es su ambigüedad y eso va a traer problemas de interpretación y de aplicación. Los primeros 11 artículos del proyecto sancionado son una copia de lo que ya la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) establece. No hay ninguna novedad con respecto a su contenido», explicó a EFE.
Además, agregó que la legislación contiene vacíos que tienen que ver con las obligaciones del Estado y de los centros educativos.
«Si se reivindica que la participación es un derecho y el garante de los derechos es el Estado. ¿A qué se obliga al Estado para que esa participación sea realmente efectiva?. No hay ninguna mención a qué se obliga al Estado, en términos de programas, en términos de servicios, actividades de formación, actividades de articulación entre los estudiantes y organismos del Estado, entre estudiantes y el sistema de protección», señaló.
En este sentido, recordó, ante la proximidad de procesos electorales, que la Ley Orgánica de Educación prohíbe el uso de las escuelas y la figura de los docentes con fines proselitistas o partidistas. Y manifestó que existe el «riesgo» de que esa participación «se desvíe desde el enfoque de derecho y se utilice para otros fines, frente a la ambigüedad que caracteriza a la ley».
Mecanismo de control
Nancy Hernández, miembro del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), dijo a EFE que esta ley es un «mecanismo de control político y social del estudiantado venezolano, de la educación media. Y de manera indirecta, de la familia venezolana».
«A pesar de que en algunos artículos indica que puede haber otras formas de organización de los estudiantes. No es menos cierto que privilegia y, además, con nombre y apellido organizaciones sociales dentro de la comunidad estudiantil (…) que son promovidas desde el Estado, primera intervención», apostilló.
Hernández considera que esta es una restricción al derecho de asociación de los estudiantes. Porque decide «cómo se llama la organización a la cual van a pertenecer, cómo se van a organizar, cuáles son los objetivos de esta organización, cómo va a funcionar, para qué va a funcionar (…) y cómo eligen a sus representantes».
El artículo 12 establece que los jóvenes pueden asociarse libremente con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, ecológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales o de cualquier otra índole.
En el siguiente artículo, indica que los estudiantes participarán activamente y de acuerdo a su desarrollo evolutivo, con la debida orientación de los padres y representantes. Así como de los integrantes del Consejo Educativo.
EFE
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