Se realizó el traslado de 27 funcionarios militares que se encontraban presos en cepropemil de Charallave, estado Miranda, hacia el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde en Los Teques, en las primeras horas de la mañana del martes 29 de octubre. Este movimiento se produjo tras un nuevo motín que exigía mejoras en las condiciones de reclusión.
De acuerdo con información proporcionada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), 72 reclusos comunes también detenidos en Cepropemil llevaron a cabo una protesta en la madrugada, rompiendo rejas e intentando acceder a la cancha donde se encontraban los militares y policías detenidos. Estos últimos habían recibido amenazas de secuestro si no se atendían sus demandas, en medio de un presunto brote de tuberculosis en la celda tras el traslado de reclusos provenientes de Barinas.
El 21 de octubre, los militares detenidos iniciaron una huelga de hambre para exigir mayor seguridad en sus celdas, ya que habían sido amenazados con secuestros y advertidos por los custodios sobre posibles represalias.
El 17 de octubre, se registró un motín en el que individuos civiles, considerados de alta peligrosidad, intentaron agredir a los funcionarios detenidos, amenazándolos con un nuevo motín dirigido a los presos políticos.
27 militares presos en Cepropemil
Los familiares de los funcionarios detenidos responsabilizaron a las autoridades del centro de reclusión por cualquier eventualidad que pudiera ocurrirles.
El OVP también informó que 72 reclusos comunes y ocho funcionarios policiales fueron trasladados al Centro Penitenciario de Yare, situado en el estado Miranda.
El Observatorio Venezolano de Prisiones ha señalado que Cepropemil carece de las condiciones mínimas necesarias para la reclusión de personas privadas de libertad, destacando que la infraestructura no está terminada y que, en lugar de paredes, hay rejas, lo que asemeja a una gran jaula.
De los 27 militares detenidos que fueron trasladados, cuatro son considerados presos políticos. Estos individuos intentaron, en enero de 2019, tomar por la fuerza el comando de la Guardia Nacional de Cotiza con el objetivo de desconocer al presidente Nicolás Maduro, en el contexto de una ola de protestas antigubernamentales. Sin embargo, tras el fracaso de su intento, fueron condenados a penas de hasta 15 años de prisión.
El sargento mayor Luis Bandres, quien lideró esta acción, fue sentenciado a quince años y nueve meses de cárcel por los delitos de «motín» e «instigación». Los demás involucrados recibieron una pena de siete años y nueve meses.
Los familiares de estos militares han denunciado en múltiples ocasiones que los detenidos han sido sometidos a torturas durante su encarcelamiento, que incluyen golpizas con bates de béisbol y la aplicación de descargas eléctricas.
Con información de 800 Noticias
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