El 23 de abril de 2021, dos helicópteros del ejército venezolano aterrizaron cerca de la población de La Victoria en el estado fronterizo de Apure, llenos de soldados enviados a perseguir a disidentes de las guerrillas colombianas. Los cazadores no tardaron en ser cazados.
Dos días después, la guerrilla del Frente 10 de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llamaron a un párroco local para que fuera y recogiera los cuerpos de los soldados caídos en la emboscada. Grabaron al sacerdote y a sus ayudantes vomitando por la pestilencia mientras cargaban los cadáveres en un camión. El video se publicó posteriormente en internet.
Varios observadores de derechos humanos hablaron de 12 cuerpos recuperados, pero el saldo de muertos total puede haber sido aun mayor. Dos días después, los guerrilleros contactaron de nuevo al sacerdote y le pidieron que buscara nuevos cuerpos. Otro párroco de un pueblo vecino, que no quiso ser identificado por temor a represalias, dijo a InSight Crime, “me llamó a preguntarme qué hacía y le dije ‘no se meta, porque va a salir mal de eso’”, relató.
No hubo un reporte oficial sobre el número de muertos. Las autoridades venezolanas ni siquiera admitieron que había ocurrido la emboscada.
“A eso se le echó tierra, hubo muchos más muertos”, afirmó el cura.
Pero hubo algo que no pudieron negar: la guerrilla también capturó a ocho soldados. Dos semanas después del ataque, las antiguas FARC enviaron primero una carta a la Cruz Roja, informando los nombres de los soldados y pidiendo a los organismos internacionales que ayudaran a facilitar su liberación. Luego comenzaron a publicar pruebas de vida en video.
“Hemos sido capturados por las FARC, nos han tratado bien, hemos recibido alimentos, medicinas, y en este momento nos encontramos bien”, decía el teniente coronel Jhan Carlo Bemón en el primero de esos videos. “Creo que esta situación puede resolverse por el diálogo”.
Esto resultaría ser un punto de quiebre en los combates entre el ejército venezolano y el Frente 10, que para ese punto llevaban tres meses. Tras el ataque, aumentaron los reportes de desavenencias y deserciones en las filas de las fuerzas armadas. Y la guerrilla, después de soportar la campaña militar más agresiva de la historia reciente de Venezuela, ahora tenía rehenes que podía usar como elementos de negociación.
A pesar del precio que ha pagado, Maduro parece decidido a restablecer el orden y el balance de poder que hizo tan rentable la alianza FARC-Chavista para ambas partes durante tantos años. Las comunidades de la región fronteriza, entre tanto, se preparan para que otra ola de la guerra en Colombia golpee a Venezuela.
“[El Frente 10] no quiere luchar, pero dicen que si el Estado se vuelve loco, ellos van a responder. Estas personas ya están preparadas y las cosas pueden ponerse aún más feas que la última vez”, declaró a InSight Crime un residente de La Victoria, que no quiso identificarse por temor a las represalias.
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