Gaceta Oficial | Publicada la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad

El Decreto N° 4.975 de la Presidencia de la República en el que se crea el Consejo Nacional de Ciberseguridad fue publicado en Gaceta Oficial N° 42.939 con fecha de 12 de agosto de 2024.

Tras la tensión postelectorales, se determinó que el Consejo Nacional de Ciberseguridad se encargará de asesoramiento, consulta de manera permanente y de la prevención sobre los usos delictivos de las tecnologías de comunicación e información en Venezuela.

Así mismo, el Consejo tiene como objetivo proteger los sistemas tecnológicos del país y, además, evaluar riesgos y amenazas en materia de seguridad informática, así como desarrollar la creación de una red de vigilancia para detectar y actuar contra incidentes telemáticos y mitigar los delitos informáticos transfronterizos, reseña nota del PSUV.

Además, otra de las funciones es asesorar al presidente de la República y al Consejo de Defensa de la Nación en la elaboración de la política nacional de ciberseguridad, reseña nota de prensa.

También promoverá inversiones para fortalecer la infraestructura telemática del Estado. Sugerir regulaciones, leyes y reglamentos orientados a la prevención del uso delictivo de las tecnologías de información y comunicación (TIC), entre otras.

Estas son las siete claves de las responsabilidades que recaerán en el Consejo Nacional de Ciberseguridad:

El ciberespacio es declarado de interés público y estratégico, requiriendo políticas de seguridad, administración y control para asegurar la soberanía y estabilidad del país.
Se establecerá una red de vigilancia 24 horas para incidentes telemáticos, conectada con redes regionales para combatir delitos informáticos transfronterizos.
El Consejo podrá solicitar a entidades públicas y privadas datos, estadísticas e información relacionada con la seguridad informática de la nación.
Se impulsarán programas de formación en ciberseguridad y se fomentará la creación de equipos especializados en el sector público y privado.
Promoverá inversiones para fortalecer la infraestructura telemática del Estado.
Sugerir regulaciones, leyes y reglamentos orientados a la prevención del uso delictivo de las tecnologías de información y comunicación (TIC).
Crear comités de trabajo y emergencia interinstitucionales para prevenir el uso delictivo de las TIC.