La Fiscalía de Chile ha presentado ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago evidencias fundamentales relacionadas con el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, acontecido el 21 de febrero de 2024.
De acuerdo con información divulgada por La Tercera, la Fiscalía ha establecido una conexión directa entre el Tren de Aragua y el crimen de Ojeda, quien había desertado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se encontraba en Chile como refugiado político.
Fiscalía de Chile en el caso de Ronald Ojeda
Durante las audiencias, los fiscales Héctor Barros y Álex Cortés presentaron los pormenores de la investigación, destacando la supuesta implicación de la pandilla Tren de Aragua y su vínculo con altos funcionarios del gobierno venezolano.
Los principales imputados del caso son: Carlos Francisco Gómez Moreno, apodado Bobby, quien fue arrestado en Colombia el 7 de diciembre de 2024, y Rafael Gámez Salas, conocido como el Turko, capturado en Estados Unidos el 30 de diciembre del mismo año.
En consecuencia, ambos fueron reconocidos como figuras clave en la planificación y realización del secuestro. El tribunal chileno confirmó su participación y autorizó su extradición.
Testigo clave señaló a Diosdado Cabello
El momento más relevantes de la audiencia, ocurrió cuando el testigo protegido número 7 brindó un testimonio que reforzó la hipótesis de un operativo con implicaciones internacionales.
Según el testigo, el secuestro de Ronald Ojeda habría sido ordenado por Diosdado Cabello, quien se desempeña como ministro del Interior de Venezuela, y ejecutado por Héctor «el Niño» Guerrero, líder del Tren de Aragua.
La orden se dio través de una cadena de mando que incluyó a Gómez Moreno y Gámez Salas.
Asimismo, la Fiscalía presentó evidencias que sustentaron las acusaciones, tal como informa La Tercera, incluyendo mensajes en un grupo de WhatsApp donde los miembros de la banda discutían los detalles del crimen.
Es importante señalar, que en esos intercambios, Gámez Salas indicó que Carlos Bobby le había conferido la confianza para realizar un «trabajo complicado» en Chile, así que el trabajo debía llevarse a cabo disfrazado de Policía de Investigaciones, esto con la finaldidad de simular un operativo oficial.
Por lo tanto, Carolina Tohá, ministra del Interior de Chile, anticipó que los antecedentes presentados podrían ser sometidos a la Corte Penal Internacional, donde se está llevando a cabo un proceso contra el régimen venezolano por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Con información: El Nacional.
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