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Rafael Lacava denuncia a padre jesuita Alfredo Infante

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El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, denunció por difamación al párroco de La Vega, a Alfredo Infante, padre jesuita; así también a Marino Alvarado, del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).

Denuncia de Rafael Lacava

Esto sucede después que la semana pasada, a través de la acostumbrada presentación del informe que se hace cada año en Provea; se expusieran datos de ejecuciones arbitrarias por parte de los cuerpos policiales, del estado Carabobo figurando así con los índices más altos.

Rafael Lacava demandó por "difamación" a Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante por denunciar ejecuciones de la policía en Carabobo - Monitoreamos

De esta manera, después de exponer el informe, defensores de los derechos humanos pidieron a las autoridades venezolanas se haga una investigación a los supuestos autores. Figurando, los jefes de la policía carabobeña y el gobernador Rafael Lacava.

A lo que el gobernador de la entidad, Rafael Lacava refutó sobre estas acusaciones, procediendo con una denuncia penal por difamación agravada continuada; como lo establece el código penal en el artículo 442.

«Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, demanda por ‘difamación’ al coordinador legal de Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos), Marino Alvarado; y al padre Alfredo Infante (coordinador de DD.HH. de Centro Gumilla). Tras exigir investigación hacia Lacava por presunta responsabilidad en denuncias de ejecuciones extrajudiciales», comunicó la ONG Provea en su cuenta en Twitter.

Este mensaje contenía un video en el que Alvarado, uno de los demandados; enseñaba que el informe fue recibido el día de hoy por parte de un tribunal penal de Carabobo.

«Supuestamente lo hemos difamado porque hemos exigido que se investigue la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador con las ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el estado Carabobo», enfatizó Marino Alvarado.

Registró que la demanda es «la consecuencia», de ser exigentes en materia de derechos humanos y de alzar la voz por las víctimas de estos hechos.

Insistente añadió, en que «pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad» en hechos de violación de garantías fundamentales y rechazó que estén acusando a Lacava de algún hecho.

Con información de: El Nacional

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