La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, compartió los hallazgos del informe de la ONG que indica que las actividades ilegales en el país producen más de 9.400 millones de dólares al año, y manifestó que una parte de la población y de la institucionalidad se está beneficiando por fuera de la ley con estos recursos.
El informe de Transparencia Venezuela realizado junto con expertos de Ecoanalítica indica que el monto anual equivale al 21% del Producto Interno Bruto (PIB) venezolano. De Freites añadió en entrevista con Radio Fe y Alegría que estos grupos tienen participación directa con el Estado, por esta razón es que la criminalidad “puede avanzar con tanto éxito”.
También precisó que las organizaciones criminales tienen “presencia cercana de algunos funcionarios de las fuerzas armadas” No hay justicia; por el contrario, hay impunidad hacia todas estas economías”.
Riqueza contra devastación
El primero de los ocho capítulos que integran el informe de Transparencia Venezuela aborda distintas aristas de tres de las principales economías ilícitas presentes en Venezuela: tráfico ilegal de combustible, narcotráfico y corrupción en los puertos.
De acuerdo con los cálculos realizados para el informe, los grupos criminales y la red de corrupción es capaz de generar anualmente alrededor de 4.919 millones de dólares por el tráfico de drogas; 1.900 millones de dólares con las actividades asociadas al contrabando de combustible; y cerca de 825 millones de dólares por la extorsión en los puertos.
La sección incluye la revisión de las probabilidades de extorsión al sector productivo en las alcabalas o puntos de control en el territorio venezolano, que constituyen otra oportunidad para captar ganancias de manera ilegal y generan graves impactos en la población. Revela que de cada cuatro alcabalas por las que se transitan en el país, al menos en una hay posibilidad de extorsión.
Mineral ilegal y daños al ecosistema
Por otra parte, el informe ahonda en la dramática y acelerada explotación aurífera en el denominado Arco Minero del Orinoco, donde convergen varias de las economías ilícitas con devastadoras consecuencias sociales y ambientales. El trabajo describe que en los últimos dos años de pandemia, en los pueblos mineros de Bolívar proliferaron las alianzas estratégicas para la explotación de oro; creció la deforestación y la erosión de suelos, así como la contaminación, aumentó la explosión demográfica por la migración interna; se incrementaron las barriadas pobres y hay un levantamiento caótico de nuevos poblados.
El texto destaca que la mayoría de los yacimientos de la zona sur del país se extrae el mineral de forma ilegal, mediante el uso de sustancias prohibidas. La actividad, que según estimaciones produjo en 2021 hasta 2.385 millones de dólares; no genera riquezas para el país, pues apenas 25% de ese monto, es decir, 580 millones de dólares, ingresaron a las arcas públicas.
Esto significa que 75% del oro que se produce en suelo venezolano (1.800 millones de dólares) se comercializaron por canales irregulares. La gravedad del impacto económico y social; alrededor de la minería ilegal, fue constatada por los investigadores durante el trabajo de campo realizado en distintas localidades del estado Bolívar para recolectar datos para el informe.
Con información de Radio Fe y Alegría y Transparencia Venezuela
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