El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, sugiere la posibilidad de que el caso en el que está imputado sea declarado nulo. La sugerencia se da si no se demuestra qué resolución judicial permitió el análisis de una serie de conversaciones intervenidas que llevaron a la «imputación» del también exlíder socialista por «actos penalmente reprochables».
Asimismo, la defensa de Zapatero envió un escrito al juez encargado del caso, José Luis Calama. En el escrito advierte que, si no se cuenta con tal autorización, las conversaciones en cuestión «deben ser excluidas del procedimiento». Igualmente, esto a su vez conllevaría «las consecuencias procesales pertinentes» y, en su caso, «promover un incidente de nulidad».
Zapatero, quien es el primer exjefe del Ejecutivo español bajo investigación judicial, enfrenta acusaciones de haber ejercido influencia para beneficiar a la aerolínea Plus Ultra. Se dice que recibió un préstamo de 53 millones de euros en 2021 debido a la crisis provocada por la pandemia, a cambio de supuestas comisiones.
Zapatero: El caso podría ser declarado nulo
La semana pasada compareció ante la Audiencia Nacional debido a sospechas de tráfico de influencias, pertenencia a una organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documentos.
A esto se suman los delitos fiscales y de contrabando relacionados con unas joyas almacenadas en la caja fuerte de su oficina. Las joyas están valoradas en 1,3 millones de euros, según la valoración pericial solicitada por el juez.
Por otro lado, el abogado del expresidente, Víctor Moreno Catena, menciona un disco duro denominado «crucial» que contiene conversaciones de un abogado imputado en el caso, Miguel Palomero. Así como «otras conversaciones privadas de terceros afectados por las entradas y registros» que se llevaron a cabo el 24 de octubre de 2024, en respuesta a solicitudes de cooperación jurídica internacional de Francia y Suiza.
Además, el letrado explica que dichas conversaciones fueron analizadas en informes policiales y están incluidas en la denuncia presentada en noviembre de 2022. En consecuencia, llevó a la apertura de una pieza separada en el juzgado de Madrid, que inicialmente investigaba el caso Plus Ultra y posteriormente lo remitió a la Audiencia Nacional.
Resolución judicial
El abogado enfatiza que el material digital fue intervenido «con un propósito específico y en apoyo a procedimientos llevados a cabo en el extranjero» (Francia y Suiza). Sin embargo, fue «empleado en investigaciones internas españolas sucesivas y con un objetivo diferente».
No obstante comento que se requiere «una habilitación judicial», en el cual se pide «que se verifique si la fuente de prueba y sus derivaciones fueron obtenidas de manera regular».
Por lo tanto, exige que la Fiscalía aclare qué resolución judicial permitió a las fuerzas policiales el análisis de las comunicaciones privadas mencionadas.
Por último, advierte que, si no se obtuvo dicha autorización, «las garantías esenciales del procedimiento se verían gravemente afectadas», Y como resultado, «se habrían vulnerado irremediablemente el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, el derecho fundamental a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales».
Con información: Unión Radio.
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