La abogada Soranib Hernández solicitó este jueves a la Unión Europea (UE) la confiscación de activos de personas vinculadas con el gobierno de Nicolás Maduro, con el objetivo de establecer un fondo de apoyo para aquellos afectados por el régimen chavista.
Esta petición fue presentada ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que decidió mantener abierta la causa y solicitó a la Comisión Europea una respuesta escrita al respecto.
La solicitud aboga por la implementación completa de la directiva 2024/1260, que se refiere a la recuperación y decomiso de activos de personas físicas y jurídicas venezolanas presuntamente implicadas en graves violaciones de derechos humanos.
La UE y los activos de personas vinculadas a Maduro
Hernández instó a los Estados miembros de la UE a activar mecanismos para la confiscación de activos relacionados con el blanqueo de capitales, el terrorismo y el crimen organizado transnacional, enfocándose especialmente en las 69 personas venezolanas sancionadas por la Unión.
En este contexto, solicitó la creación de oficinas de recuperación de activos en todos los Estados miembros, conforme a lo estipulado en la directiva. Además, propuso que los bienes confiscados se destinen a fines sociales, aplicando la justicia restaurativa en nombre de los venezolanos y ciudadanos europeos afectados por violaciones graves de derechos humanos.
También abogó por la creación de un fondo fiduciario administrado por la Fiscalía Europea. El objetivo es proteger y asistir a las víctimas del saqueo sistemático en Venezuela, asegurando transparencia, trazabilidad y justicia restaurativa en la distribución de estos recursos para programas de apoyo a las víctimas.
“Europa no puede ser un refugio para fortunas construidas sobre el sufrimiento de un pueblo. Con las herramientas normativas ya vigentes, tenemos la capacidad y la responsabilidad de actuar”, finalizó.
Comisión Europea
Sin embargo, un representante de la Comisión Europea indicó que las cuestiones planteadas son, en gran medida, responsabilidad de los Estados miembros o dependen de su discreción en el contexto de la directiva mencionada.
Asimismo, aclaró que la confiscación corresponde a las autoridades judiciales nacionales en lo que respecta a las oficinas de recuperación de activos.
Si bien existe la obligación de establecer estas oficinas y asignarles funciones de localización e identificación, enfatizó que no se requiere la obligación de localizar de manera sistemática los activos de las personas incluidas en las listas de sanciones.
Con información: El Nacional.
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