El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido un anuncio que marca un giro significativo en la geopolítica energética del Caribe: la autorización para la reventa del petróleo de Venezuela hacia Cuba.
Esta medida, sin embargo, viene acompañada de un marco regulatorio estricto que prohíbe explícitamente cualquier tipo de transacción con el gobierno cubano, limitando el flujo de hidrocarburos única y exclusivamente al sector privado de la isla.
Un giro en la política energética regional
El anuncio, oficializado este 25 de febrero de 2026 a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), establece una «política de licencias favorable» para aquellas empresas que deseen exportar crudo venezolano hacia Cuba. La nueva directriz flexibiliza el severo bloqueo energético que pesaba sobre la isla, permitiendo que tanto el petróleo como el gas puedan ser comercializados bajo licencias específicas supervisadas desde Washington.
Asimismo, para que las transacciones corporativas sean aprobadas por el gobierno estadounidense, las compañías exportadoras deben garantizar que los ingresos y el flujo del crudo se manejen bajo las restricciones vigentes impuestas a la comercialización del petróleo de Venezuela.
Esto implica un riguroso proceso de auditoría y la obligatoriedad de utilizar cuentas controladas para asegurar que el combustible no fortalezca financiera ni operativamente a las instituciones estatales cubanas.
Beneficiarios exclusivos: el sector privado cubano
El aspecto más crítico de esta autorización es su condicionalidad. Las normativas conjuntas del Departamento del Tesoro y del Departamento de Comercio de Estados Unidos son tajantes: el petróleo no puede ser adquirido por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), los servicios de inteligencia ni ninguna otra agencia ligada al Estado.
El objetivo declarado de la actual administración en la Casa Blanca es que este recurso energético sirva directamente para paliar las agudas necesidades humanitarias y fomente el desarrollo de actividades económicas privadas dentro de Cuba.
En consecuencia, pequeñas y medianas empresas, emprendedores, comerciantes independientes y ciudadanos particulares podrán acceder a este recurso, siempre que se cumplan las normativas de exportación vigentes, lo que representa un cambio de paradigma en las relaciones comerciales del Caribe.
Contexto de la profunda crisis eléctrica en Cuba
Esta decisión diplomática y comercial no ocurre en el vacío. La nación caribeña atraviesa actualmente una de las crisis energéticas más severas de su historia reciente. Tras los drásticos cambios institucionales en Venezuela y la consecuente toma de control de las exportaciones petroleras venezolanas por parte de Estados Unidos a principios de año, los envíos históricos y subsidiados de crudo desde Caracas hacia La Habana se detuvieron de forma abrupta.
Durante más de dos décadas, Venezuela fue el principal proveedor de combustible de la isla mediante un sólido acuerdo bilateral. No obstante, la interrupción de este suministro sumió a Cuba en una precariedad extrema, documentándose apagones prolongados que han llegado a dejar sin servicio eléctrico hasta al 60% del territorio nacional de forma simultánea. Esta escasez ha paralizado el transporte público, la cadena de frío para alimentos y ha llevado a servicios de salud vitales a operar bajo esquemas de emergencia.
La situación se agravó aún más luego de que México, que había intentado suplir una fracción del déficit energético cubano en enero, suspendiera sus entregas petroleras ante las presiones comerciales y las amenazas de aranceles globales emitidas por Washington contra los países que abastecieran al gobierno castrista.
El nuevo rol estratégico del crudo venezolano
Bajo el actual panorama internacional, el petróleo venezolano sigue siendo el motor de la región, pero bajo una administración y unos parámetros diametralmente distintos. Es decir, tras asumir el control operativo de las ventas internacionales del crudo venezolano, Estados Unidos ha canalizado la producción hacia mercados en Norteamérica, Europa y Asia.
La paradoja geopolítica de esta nueva política radica en que, si bien Washington había cortado el suministro institucional de Venezuela a Cuba para presionar al gobierno de la isla, ahora autoriza el uso de ese mismo crudo venezolano como una herramienta de contención humanitaria destinada a empoderar a la sociedad civil y fomentar una transición económica desde las bases ciudadanas.
Reacciones internacionales y perspectivas logísticas
La viabilidad de esta autorización plantea inmediatos retos logísticos y financieros. Dado que el incipiente sector privado cubano no cuenta con la infraestructura masiva de importación ni con los puertos de aguas profundas que maneja el Estado, la distribución del combustible será un desafío operativo. Además, ante las dificultades históricas de la isla para realizar transferencias internacionales, las grandes firmas comercializadoras de energía exigirán condiciones comerciales regulares, como pagos por adelantado en efectivo y garantías bancarias sólidas.
De igual forma, a nivel internacional, la medida ha generado posturas polarizadas. Mientras que sectores del exilio en el sur de la Florida ven con profundo escepticismo la posibilidad real de aislar al sector privado del control gubernamental en un sistema centralizado, analistas internacionales, por su parte, advierten que la medida era urgente para evitar un colapso total que desencadenara una crisis migratoria sin precedentes hacia las costas estadounidenses.
El petróleo de Venezuela reafirma así su posición como la pieza central en el tablero político de América Latina, marcando el pulso de la diplomacia y la economía de sus naciones vecinas.
Con información: NDV.
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