El informe emitido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; concluyó que la independencia del sistema judicial venezolano ha sido destruida, lo que resulta en la existencia continua de impunidad y violaciones de los derechos humanos.
El documento de la ONU resultó solicitado en el mes de septiembre pasado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra; al que se publicará el miércoles.
El informe realizado insta al gobierno a que “emprenda las reformas del poder judicial anunciadas por el gobierno en enero de 2020 con el fin de garantizar su independencia; imparcialidad, transparencia, accesibilidad y eficacia”.
Del mismo modo, Bachelet añade que la ausencia de independencia del sistema de judicial se debe a “la inseguridad en la titularidad de los jueces y fiscales; la falta de transparencia en el proceso de su designación, las condiciones de trabajo precarias y la interferencia política”. Informe emitido por Michelle Bachelet
Igualmente, el informe señala que “las víctimas de violaciones de los derechos humanos enfrentan grandes obstáculos para acceder a la justicia; lo que redunda en su revictimización”.
La alta comisionada constata que la fiscalía “ha hecho esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos imputables a los miembros de las fuerzas de seguridad”, aunque, añade, “aún debe tomar medidas significativas para reducir los altos niveles de impunidad con respecto a la muerte de manifestantes en el contexto de las protestas y operaciones de seguridad, a las denuncias de tortura y malos tratos y a la violencia de género”.
Mecanismo autónomo
Entre sus recomendaciones, insta a Venezuela a que establezca un mecanismo independiente e imparcial para nombrar jueces y fiscales a través de un proceso público transparente.
Del mismo modo, pide la independencia e imparcialidad de los tribunales antiterroristas y el fin del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares.
Igualmente, exige “investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos; incluyendo la privación de la vida, la desaparición forzada, la tortura; la violencia sexual y la violencia de género en las que se involucran elementos de las fuerzas de seguridad; lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”.
Para culminar, insta al cese “inmediato” de cualquier “intimidación; amenazas y represalias por miembros de fuerzas de seguridad en contra de familiares de las víctimas que buscan justicia”.
Fuente: El Nacional
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