El gobierno de Nicolás Maduro acelera el proceso de devolución de los bienes expropiados sin indemnización o pagos compensatorios para los afectados, según el portal español El País.
El proceso permitirá el regreso a sus dueños de fincas destruidas tras la administración del Estado. Aunque en ningún caso parece estar planteada la figura de indemnizaciones o pagos compensatorios a los afectados por tales medias que datan desde la época del expresidente Hugo Chávez.
Con discreción y sin grandes anuncios, funcionarios del gobierno adelantan un proceso de escala para devolver al sector privado activos expropiados en los últimos años.
La decisión comprende una lista de propiedades y empresas, en las que, de momento, destacan fincas y hatos vinculados a la producción agraria, aunque también hay hoteles e industrias.
El hermetismo es clave en este proceso. La devolución del Centro Comercial Sambil a sus propietarios, la familia Cohen, que llevaba meses en negociaciones secretas parece ser la punta del iceberg.
Los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, Tarek El Aissami, y los ministros del área económica y comercial, con la autorización de Nicolás Maduro, conducen el cronograma de entregas.
La devolución de bienes expropiados
En el área agraria, el gobierno y los empresarios discuten un papel de trabajo en el que se evalúa la devolución de bienes expropiados a sus dueños originales. Tal como en los casos de hatos como El Rodeo, ubicado en el estado Guárico, de 3.600 hectáreas.
Además, el Hato Las Mercedes, en Barinas, con 14.000 hectáreas; el Fundo San Roque, en el estado Zulia, de 176 hectáreas y la Escuela Agronómica Salesiana San José, en Barinas, de 1.800 hectáreas. También el Fundo San Antonio, en el estado Yaracuy, de 1.200 hectáreas; el Fundo Buena Esperanza, en el Zulia, de 900 hectáreas y el Hato Cristo/El Trébol, en el Estado Mérida, de 530 hectáreas.
Destacan, además, el Fundo San Felipe, en el estado Zulia, de 275 hectáreas; la Hacienda Bolívar, en el estado Zulia, de 4.000 hectáreas o el Hato El Zamuro, en el Estado Portuguesa, de 6.200 hectáreas. Salvo algunas excepciones, lo habitual es que el Ejecutivo esté regresando desmantelados y sin operatividad activos que estaban funcionando con total normalidad antes de ser incautados.
Asimismo, realizan diversas proposiciones a los dueños expropiados de compañías e industrias manufactureras —la empresa de agroquímicos y servicios AgroIsleña, Aceites Diana; la siderúrgica Sivensa—. Pero, a diferencia de lo que sucede con las haciendas, el ofrecimiento es recibido con incredulidad y renuencia.
Más empresas expropiadas
El País destacó que la cadena de hoteles estatal Venetur se está desprendiendo de algunas de sus sedes. El gobierno está ofreciendo contratos de servicio bajo la figura de concesiones. Sus funcionarios siguen muy renuentes a usar la palabra “privatización.”
Cabe destacar que en el año 2006, Chávez inició una toma progresiva de activos y empresas del sector privado. Para entonces invocó el interés nacional y propuso la existencia de fórmulas alternativas de propiedad. Tal proceso alcanzó el paroxismo en los años 2010 y 2011.
La política formaba parte del interés estratégico de “controlar los medios de producción”. La ola de estatizaciones, expropiaciones, tomas y “rescates” de tierras en Venezuela, se supone que para hacer justicia social y redistribuir la riqueza.
En sus acciones incluyó cementeras, fábricas de vidrios, siderúrgicas, hoteles, operadoras petroleras, el servicio eléctrico y la compañía de teléfonos.
El Nacional
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