Las mujeres residentes en zonas rurales o mineras del país, próximas a la frontera con Colombia, donde viven muchas indígenas, «son víctimas de la violencia y la indiferencia del Estado», denunció este jueves la ONG Fundaredes en un boletín que recoge la situación de las víctimas.
«La vida de las mujeres en las zonas agrarias de la frontera y comunidades indígenas es de marginación constante. Sumado a la inseguridad física y alimentaria, la falta de transporte, las fallas o ausencia de servicios públicos, el escaso acceso a recursos sanitarios aunado a la violencia y la opresión», dijo la ONG en el documento.
Zonas rurales o mineras
La investigadora de Fundaredes Adriangela Álvarez explicó que, el informe se centra en la situación de «las mujeres rurales, las mujeres de frontera y las mujeres en el ámbito de la minería ilegal» que -dijo- se encuentran «vulneradas por grupos delincuenciales y por el Estado que las mantiene desprotegidas».
La investigación detalla que «la operatividad, cada vez más ampliada de los grupos armados irregulares de origen colombiano en varios estados de Venezuela, y su pugna por el control de territorio con otras organizaciones criminales y bandas delictivas, ha agravado la situación de vulnerabilidad de las mujeres, tanto en las zonas rurales como en territorios indígenas».
Según Fundaredes, la práctica de la minería ilegal también ha permitido que las mujeres adultas, niñas y adolescentes que residen en zonas mineras en el sur del país, sean sometidas a esclavitud sexual y laboral.
Además, la organización explicó que la zona del Arco Minero del Orinoco se ha convertido en foco de actividades delictivas. Como la trata de personas y la explotación laboral y sexual de niñas, adolescentes y mujeres adultas, «víctimas de todo tipo de vejaciones».
Fundaredes responsabilizó al Estado de «la violencia sistematizada» contra la mujer campesina, «al no impedir la explotación sexual y laboral que alcanza escenarios de esclavitud».
EFE
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