Ante la polémica generada por la construcción de un complejo deportivo de pádel en la urbanización La Alameda del municipio Baruta, por la que los vecinos han manifestado estar en contra, la abogada Fabiana Garantón detalló que el terreno «está ubicado en una zona geológica de riesgo», que según algunos vecinos ingenieros hidrometeorológicos, se ha determinado que un movimiento de tierra puede provocar un derrumbe de la parte de arriba de Colinas de Bello Monte.
Garantón aseguró que el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec) ratificó la paralización de la obra el pasado martes. Por la falta del estudio de impacto ambiental, del que la entidad debe hacerse cargo con su grupo de expertos.
Suspendida construcción de la cancha de pádel
Ante el riesgo que la construcción podría significar para los vecinos, la abogado aseguró que «el derecho a la vida está por encima del derecho a la propiedad» y añadió que la zona no cuenta con la permisología para desarrollar actividad comercial, y establecer una cancha de pádel en la urbanización sería de uso lucrativo.
Explicó que aunque el terreno es una propiedad privada, «es un bosque que según la Ley de Bosques, cada 0.5 hectáreas que tenga muchas especies arbóreas, fauna y flora, hay que preservarla».
Fabiana Garantón aclaró que la intención de los vecinos no es que se deje el bosque como está, sino que se aproveche para mejorarlo. «Pueden hacer un reservorio de la fauna silvestre, o una caminería que es deportiva. Hay distintas cosas que se pueden hacer siempre y cuando se preserve el bosque».
Ante las declaraciones del alcalde de Baruta, Darwin González sobre la espera de propuestas por parte de los vecinos, Garantón sentenció que «como vecinos no nos compete más allá de nuestro derecho civil y ciudadano a protestar ante el ente gubernamental. No somos nosotros los que debemos dar las propuestas, sino son ellos los que tienen que solucionar los problemas que tiene la comunidad».
En este sentido y en torno a la polémica del alcalde, la abogado señaló que fue un acto de edadismo y «una discriminación que está tipificado como violencia política por desacreditar públicamente a alguien que está ejerciendo su trabajo y su deber ciudadano de alzar la voz y quejarse ante una injusticia».
«Sí confío en que la juventud puede rescatar y reconstruir el país que los expertos nos entregan en crisis», fijó.
Con información de Unión Radio
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