Han sido horas y horas de investigación. De analizar una y otra vez imágenes satelitales de alta resolución. El resultado: algo alarmante y poco alentador que ha dejado como conclusión para grupos ambientalistas venezolanos, que el Parque Nacional Yapacana en Amazonas, ubicado cerca de la frontera con Colombia, está siendo devorado por la explotación ilegal de oro.
La destrucción es aterradora, así como las cifras: estarían operando en el lugar unas 3.800 maquinarias, entre 15.000 y 20.000 personas entre mineros, locales y representantes de comunidades indígenas.
Pero lo más grave es el control que mantienen los grupos guerrilleros colombianos en la zona, como el ELN y las disidencias de las FARC.
En Yapacana ya son 3.227 hectáreas las que están afectadas por la minería, según el último cálculo de la organización ambientalista SOS Orinoco. Cristina Burelli, directora de SOS Orinoco, explicó al equipo de lapatilla.com que están trabajando con la ONG americana Amazon Conservation Association.
“Ellos se quedaron locos, no podían creer, cuando les mostramos lo que nosotros habíamos descubierto en Yapacana. Ellos monitorean la huella minera en la zona amazónica andina, o sea, Colombia, Ecuador, Perú. Ellos no miraban Venezuela, pero nosotros los obligamos a ver lo que está ocurriendo en Venezuela. Ellos nos dijeron que esta es la zona minera ilegal más grande de la Orinoquía Amazonía, o sea, es la zona de minería ilegal más grande de Colombia y Venezuela combinado”.
Burelli afirma que Yapacana es un bastión básicamente de la guerrilla colombiana. A veces es la FARC que está mandando, otras el ELN, entre ellos llegan a un acuerdo. “En este preciso momento pareciera que el ELN tiene como más control que la FARC, pero esto siempre está cambiando. Este operativo Autana, después que ellos (las Fanb) hicieron todo su show en Bolívar, el general se fue para Yapacana. Y él se fue para Yapacana en noviembre del año pasado y empezaron con esta campaña mediática, pero también una campaña en Yapacana para sacar algunos mineros, sobre todo mineros indígenas”, detalló Burelli.
Yacapana fue declarado parque nacional en los años 90. Para ese entonces no existía ningún pueblo indígena autóctono. “Hoy en día puede haber entre 20.000 y 30.000 personas viviendo ahí, mineros todos. Mineros y el apoyo de familias, profesores, ahí hay colegios, ahí hay tiendas, hay prostíbulos, hay de todo. Eso es una ciudad, pues, como un pueblo de miles de personas haciendo minería y apoyando a los que hacen minería. Entonces, esto es una zona sumamente compleja”.
Violencia
La directora de SOS Orinoco alerta que se siguen registrando desapariciones, muertes extrajudiciales, violencia.
Advierte que “no se sabe lo que está ocurriendo ahí en este momento: si es que de verdad el general está sacando a los mineros, o si está sacando algunos mineros para montar un show mediático de que están tratando de controlar la situación en Yapacana. O si es que ellos (Fanb) están tomando el control para sí mismos, la Fuerza Armada para manejar las minas de Yapacana con gente de su confianza. No se sabe. Esa es la gran pregunta”.
El Parque Nacional Yapacana en Venezuela es la zona de minería ilegal más grande de la Orinoquía y la Amazonía, donde se han descubierto minas georreferenciadas y han desaparecido personas, destacó Burelli.
Un reportaje de El País de España precisa que la zona no fue en incluida en el Arco Minero del Orinoco, que Nicolás Maduro decretó en 2016 como un área estratégica para la explotación de recursos -que abarca 12% del territorio nacional- pero vive el mismo arrase.
En emergencia
En marzo de 2023, la comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, aprobó un Acuerdo de Declaración de Emergencia del Parque Nacional Yapacana en el estado Amazonas, por los daños ocasionados a las comunidades indígenas, a los ecosistemas, a la flora y la fauna endémicas de la región, producto de la política minera del Estado venezolano.
Julio Ygarza resaltó en ese entonces que Yapacana fue decretado Parque Nacional para “preservar sus recursos escénicos, milenarios y científicos que guardan la evolución de su vegetación florística del paleotrópico y neotrópico, así como reptiles y anfibios endémicos, entiéndase que se encuentran únicamente en estos lugares”.
Advirtió sobre el levantamiento de mapas locales y geosatelitales. “Ya no solamente es en el Parque Nacional Yapacana. Alrededor del cerro hay un sinnúmero de campamentos y maquinaria de la guerrilla colombiana y de los garimpeiros que usan como escudo y como mulas a los pueblos indígenas”.
Además, dijo que hay una población minera al sur de Colombia que se llama Puerto Inírida, donde venden el oro que extraen del cerro Yapacana. “No hay honestidad con los pueblos indígenas. Falta transparencia y autoridad”.
Por su parte, la diputada por el estado Monagas, María Gabriela Hernández (Primero Justicia), señaló que en 2022, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina arrojó información que alertó a todo el mundo sobre la actividad minera en el Parque Nacional Yapacana, a 200 kilómetros de la frontera con Colombia.
“En el centro del parque hay un alto tepuy. En esas imágenes satelitales se apreciaron cerca de 750 hectáreas de parque deforestado. Unas 17 hectáreas están justo sobre el tepuy y más de 3.000 hectáreas están afectadas por la minería. Se encontraron además más de 3.800 piezas mecánicas sobre el tepuy y dentro del parque, y unos 2.000 mineros en faena”, reseña un artículo publicado en la página de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Otras zonas en riesgo
La directora de SOS Orinoco destacó que desde 2018 vienen monitoreando y georeferenciando la huella minera del sur de Venezuela.
“Nosotros empezamos en Canaima, porque fue lo primero que nos llamó la atención, que había minas ilegales dentro del Parque Nacional Canaima, patrimonio mundial, y que nadie estaba denunciando esto. Pero también nos dimos cuenta de que era muy difícil llegar a estas minas y empezamos a descubrir que habían minas en unos lugares insólitos. En esa época descubrimos 33 sectores mineros; hoy en día son más, como 60 sectores mineros solo dentro de Canaima. A partir de ahí empezamos a levantar la huella minera georreferenciada con imágenes satelitales y monitorear la expansión de esas minas, porque el problema es que estas minas siguen expandiéndose”.
Admite que ha sido un trabajo mancomunado, entre personas que les pasan el dato o a través del rastreo mensual, y así descubren que hay una mina nueva. Los expertos analizan si se trata realmente de una mina, porque no siempre es una mina, y hay unos indicios muy claros de cuando sí es una mina, se empieza a ver desde cuándo aparece esta mina. Entonces tienen que ver históricamente si esa mina existía el año pasado, el año anterior, etc.
“Una vez que nosotros descubrimos la mina y cuando aparecen esas imágenes satelitales históricas, entonces medimos el tamaño de la mina. Por ejemplo, esta mina que está en la zona del Monumento Natural Waikinima, que es un tepuy, que está entre esos dos ríos, Paragua y Karoni. Es una zona muy biodiversa, es una zona protegida, obviamente una zona protegida también porque durante la democracia se quiso proteger todas estas zonas de los grandes ríos que alimentan al Guri. Ahí descubrimos este punto y cuando nos pusimos a ver, descubrimos que en 2021 no había prácticamente minería ahí, era un puntico. Y luego, en enero de este año, se ha expandido muchísimo”, detalla Cristina.
Alertó que la mina nueva de Guaiquinima son 2 millones de metros cuadrado.. “Entonces quiere decir que la mina está activa. ¿Qué quiere decir esto del supuesto operativo Autana del régimen? Pues que ellos se están enfocando en algunas áreas, y en otras la minería sigue igualita, igualita va avanzando”.
Sin voluntad política
Para la representante de SOS Orinoco, las operaciones que han ejecutado los organismos de seguridad del Estado en las zonas mineras, no son más que campañas mediáticas. “No hay la voluntad política de acabar con la minería ilegal. Ellos simplemente quieren hacer creer que están poniéndole coto a la minería ilegal, y entonces están haciendo esta campaña a través de las redes”.
“Si sigues al general, vas a ver, y si ves las redes de la Fuerza Armada, de la ZODI, ellos todos se repiten y se retuitean. Entonces ponen unas fotos y unos videitos de ellos tomando control de una máquina, dicen que toman control al encontrar gasolina, unas máquinas, etc., pero ellos no tienen georreferencia de nada. Así como nosotros georreferenciamos todo lo que conseguimos, ellos no georreferencian. Por ejemplo, no dicen tomamos control y acabamos con la mina en tal lugar y estas son las coordenadas de la mina, que ya no existe. Eso no lo han hecho”, sumó Burelli.
La ambientalista recalcó que “a nosotros no nos consta que ellos estén acabando con la minería ilegal. Segundo, no nos consta que ellos están básicamente tomando control de minas para controlarlas ellos, que eso fue lo que pasó en Tumeremo, al sur del estado Bolívar, en el mes de octubre cuando arrancó toda esta campaña de operación Autana. Ellos le han cambiado el nombre por operación Roraima. En Tumeremo, ellos sacaron al Grupo R que controlaba la mina. No es que acabaron con la mina, era un quítate tú para ponerme yo”.
Fuente: SOS Orinoco y La Patilla
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