Un operativo conjunto entre el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la plataforma ChangeNOW permitió devolver $791.252 en criptodivisas despojadas a un ciudadano en Venezuela. Los fondos retornaron a billeteras bajo resguardo policial, según detalla un informe sobre prevención de blanqueo de capitales emitido por la empresa de intercambio.
La suma recuperada consta de 772.440 tokens USDT y 182 unidades de solana (SOL). El proceso concluyó exitosamente luego de que el servicio de custodia bloqueara las direcciones involucradas tras recibir una alerta previa.
Dicha notificación activó los protocolos de supervisión de ChangeNOW, lo que permitió neutralizar cinco tentativas de conversión generadas desde los monederos señalados. Esta acción impidió la dispersión de los fondos dentro de la red cripto.
Una vez paralizados los movimientos, el CICPC entabló comunicación con la firma para requerir documentación técnica y auditar los flujos financieros. Al ratificar el origen ilícito, los funcionarios tramitaron la incautación formal, solicitud que la plataforma validó junto a las direcciones receptoras antes de transferir el capital.
En el transcurso de las pesquisas, los aportes de CRIXTO —plataforma criptofinanciera venezolanal— fueron fundamentales. Sus registros hicieron posible ubicar transacciones y direcciones críticas para el expediente.
De forma paralela, la compañía austriaca AQ Forensics intervino en la trazabilidad de los recursos entre distintas plataformas. La firma logró asociar un monedero anónimo mediante el examen de patrones de tráfico próximos a una cuenta sin movimientos aparentes.
«Cuando la ruta obvia de rastreo termina, no asumimos automáticamente que el rastro se acabó. En este caso, observamos los servicios que los mismos actores habían usado poco antes y nos preguntamos si el monedero podía vincularse a actividad de su lado. A veces la pista decisiva viene de la actividad alrededor del monedero, no del monedero mismo», explicó el equipo de AQ Forensics en el reporte.
Dichos indicios extendieron la investigación hacia el ámbito internacional. «Gracias a la información proporcionada —específicamente los datos de Conozca a su Cliente (KYC) de las personas que reclamaron los fondos robados— pudimos coordinar diligencias adicionales a través de Interpol que nos permitirán avanzar el caso. Además, pudimos rastrear los fondos con alta precisión», afirmó un investigador citado en el reporte.
El analista catalogó la labor de inteligencia como un ensamblaje complejo que articuló direcciones IP, correos electrónicos, historiales de conexión, metadatos de sesión y equipos electrónicos. Las evidencias revelaron el empleo de dominios apócrifos, cuentas de correo temporales y registros de suscripción adulterados vinculados a las red de IP.
Ante estos ciberdelitos, el informe subraya la urgencia en la respuesta institucional. «El mayor error es dejar pasar un tiempo significativo después del incidente. Cuanto más rápido se presenten los reportes de monederos, mayor es la probabilidad de recuperar y devolver los fondos a la víctima», precisa el reporte sobre el caso, el cual continúa abierto.
El suceso se inserta en un contexto de amplia penetración de las criptomonedas estables en la economía venezolana. En el lapso comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, el país movilizó $39.100 millones en transacciones digitales, consolidadas como instrumento de pago y refugio de valor. Esta dinámica posicionó a la nación en la cuarta casilla de adopción en Latinoamérica, por detrás de Brasil, Argentina y México.
