La Corte Penal Internacional (CPI) aclara que la administración de Nicolás Maduro no tendrá acceso a los datos de las más de ocho mil víctimas de represión que enviaron sus testimonios al organismo. Para evitar riesgos a su seguridad.
En un comunicado dirigido a las víctimas, el ente de justicia reitera que la información sobre datos personales está resguardada y solo se ofrecerá a la Corte Penal Internacional
Una vez que la administración de Nicolás Maduro solicitara a la Corte Penal Internacional (CPI), poder darle respuesta a las víctimas de supuestas violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, el ente internacional respondió que no podría facilitar datos filiatorios de los denunciantes.
A través de un comunicado oficial dirigido a las víctimas. La CPI recalcó que la información ofrecida por los afectados para procesar las diversas denuncias se encuentra bajo resguardo y no puede hacerse pública.
Son 8.900 víctimas que dieron sus testimonios.
“La Corte maneja la información recibida con estricta confidencialidad. Esto significa, por ejemplo, que en los procedimientos relacionados al Artículo 18(2), la VPRS registra la información (solicitudes, vídeos, correos electrónicos, etc.) presentada por las víctimas en una base de datos segura a la que solo tiene acceso el personal autorizado de la Secretaría”, dice parte del comunicado.
“Esta información solo se transmite a la Sala; ninguna otra entidad tendrá acceso a ella. La Fiscalía y el Gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, vídeos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre”, manifiesta la CPI. Recordando el informe inicial sobre el caso Venezuela I.
ONG y la CPI
Al conocerse la petición de la administración de Nicolás Maduro, diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a los Derechos Humanos se expresaron. Indicando que la acción que pretende llevar a cabo el oficialismo no sería procedente.
Para citar un ejemplo, Provea manifestó que los propios estatutos legales de la CPI impiden que se pueda ofrecer cualquier tipo de información a terceros sobre los datos de las personas afectadas.
Recalcan que existen otras vías para que se pueda impartir justicia. Una vez que ya la CPI ha ordenado una investigación penal al respecto.
Con información de NDV / Impacto Venezuela
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