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Corte Penal Internacional recibió alegaciones de 9.000 víctimas del régimen de Maduro

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Cerca de 9.000 personas y algunas entidades jurídicas han presentando alegaciones y otra documentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) como víctimas de la gobierno venezolano de Nicolás Maduro, informó este viernes el abogado Juan Carlos Gutiérrez, que representa a 562 de ellas.

En una conferencia de prensa en Madrid, se refirió a la investigación que ha ordenado la Fiscalía de la CPI sobre las denuncias, algunas de organizaciones internacionales. Que acusan a los responsables del régimen de “crímenes de lesa humanidad”, y a la que se oponen las autoridades venezolanas.

El régimen chavista, según el abogado, ha actuado de una manera “maliciosa” para “dilatar” el desarrollo del procedimiento con peticiones “improcedentes” desde el punto de vista legal y con el argumento de que es la Justicia de ese país la pertinente para investigar los casos denunciados.

Sin embargo, la Fiscalía cree que ella es la competente, según el venezolano Gutiérrez. Que argumentó que tanto el Código Penal como el sistema judicial venezolano carecen de cualquier “seguridad y credibilidad” para proteger a la víctimas. Sino todo lo contrario.

El régimen ha pedido que se suspenda la investigación, de manera que los jueces de la sala de cuestiones preliminares tienen que dirimir la posibilidad de que esta investigación continúe.

A petición de los jueces, explicó, se convocó una consulta a todos aquellos que se consideran víctimas para manifestarlo ante la CPI.

En total, se presentaron 1.875 formularios que identifican a 8.900 personas, incluidas 630 familias.

“Toda esta carga argumentativa y carga probatoria ya está en manos de los jueces de la CPI, y en cualquier momento esperamos… que durante el transcurso de este año, los jueces de la CPI tienen que tomar una determinación”, comentó el abogado.

O bien ordenan que la Fiscalía continúe la investigación o la sala de cuestiones preliminares decide que “prime el principio de la complementariedad positiva” y le dé una oportunidad al sistema de Justicia venezolano para que “cumpla con su deber”. Algo que Gutiérrez cuestionó absolutamente.

Junto a él, el opositor Leopoldo López, exiliado en España. Aseguró que cientos de esas víctimas se encuentran aquí y es “muy relevante” que se escuchen esas voces porque muchas veces se piensa que ya en Venezuela la situación se arregló.

Fueron casos “de persecución de presos políticos, de tortura y de asesinato por parte de la dictadura de Nicolás Maduro”.

Por ello, esa justicia “no se puede conseguir en Venezuela” porque es “imposible” que haya “ningún tipo de procedimiento que no esté manipulado políticamente”, tanto la Fiscalía como los tribunales “a todos los niveles”. Y toda la estructura judicial “está tomada cooptada por la dictadura y, por supuesto, todos los órganos represivos”, enfatizó.

En Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad

A pesar de las denuncias de diversas ONG, quienes señalan a la administración de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad, y la investigación que ha llevado la Corte Penal Internacional (CPI) el Gobierno dijo ante la sesión del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw). Que en Venezuela no se han cometido tales acciones y que el organismo atiende a los intereses políticos de EEUU.

«El proceso que se está desarrollando en la Corte Penal internacional es un proyecto, es un proceso que responde a objetivos políticos. Forma parte de la agresión multiforme que desde el Gobierno de los Estados Unidos se ha impulsado para promover un cambio de régimen en Venezuela», aseguró ayer el representante de Maduro, Larry Devoe.

«Está demostrado suficientemente que en el país no se han cometido crímenes de lesa humanidad, por lo cual la Corte Penal internacional no tiene competencia para conocer la situación de Venezuela», agregó a sus comentarios durante la sesión, a propósito de los cuestionamientos de las expertas de la ONU. Quienes preguntaron por las denuncias de violaciones y violencia sexual que investiga la CPI.

Ante las palabras de Devoe, la presidenta del Comité de la ONU para la Cedaw, Ana Peláez Narváez, tomó la palabra. Para rechazar los comentarios del oficialismo.

«Estoy en la obligación de llamar la atención a la distinguida delegación por las opiniones, yo creo que, totalmente injustas, y desde luego injustificadas que se han vertido en relación con la Corte Penal internacional (…) En un espacio como este no podemos mostrar más que nuestro total desacuerdo con respecto a la valoración que se ha hecho por parte de la delegación con respecto a este órgano importantísimo fundamental de derechos humanos», respondió Peláez.

La representación de Venezuela, al verse cuestionada, corrigió sus afirmaciones. Señalando que Maduro reconoce a la CPI.

Con información de EFE

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