El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó puso en marcha un organismo cuyo objetivo será “fortalecer la estrategia de protección de activos” de Venezuela en el exterior, según datos divulgados el pasado sábado por su administración.
El Consejo Nacional de Defensa Judicial de la República, nombre que tiene el órgano, “debe salir a defender” al país, dijo Guaidó; reconocido como presidente interino por cerca de 50 países, al presentar la comisión, de acuerdo a lo que recoge un comunicado de su despacho.
Por su lado, el abogado Enrique Sánchez Falcón, nombrado por Guaidó como procurador especial; dijo que este consejo “acompañará y orientará las estrategias para la protección legal de estos activos”; según divulgó el Centro de Comunicación Nacional (CCN) de Guaidó. Este grupo igualmente «tendrá la responsabilidad de acompañar el proceso de aprobación de las firmas de los abogados que defenderán los activos venezolanos”.
Consejo nacional de defensa judicial de la República
El también abogado Juan Pablo Soteldo, nombrado contralor especial por Guaidó; dijo que el consejo “realizará un trabajo en equipo y seguirá fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas”.
En el caso más significativo hasta la fecha en esa tarea para que la resultó creado el consejo; Guaidó y el Gobierno de Nicolás Maduro se enfrentan en un litigio legal en Reino Unido; donde un tribunal debe decidir quién tiene autoridad sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra (BoE).
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— Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) October 10, 2020
Para ello, la Justicia británica deberá pedir al Gobierno del Reino Unido que aclare de manera inequívoca sí reconoce al presidente Nicolás Maduro o a Guaidó como gobernante de Venezuela.
El Tribunal de Apelaciones de Londres dio esta instrucción al emitir este lunes un dictamen que anula un fallo del pasado 2 de julio de la división Comercial y de la Propiedad del Tribunal Superior, que otorgaba a la junta “ad hoc” del Banco Central de Venezuela (BCV), designada por Guaidó, control sobre las reservas.
Dicha corte rechaza que el Gobierno, que políticamente ha apoyado a Guaidó, le reconociera de forma “inequívoca” como presidente de Venezuela a todos los efectos en una declaración del 4 de febrero de 2019, como mantienen en este proceso los abogados de la junta “ad hoc” del BCV nombrada por el líder opositor.
La decisión del Guaidó llega, además, después de que la Asamblea Constituyente que erigió el gobierno para quitarle poder a la Asamblea Nacional liderada por la oposición aprobada días atrás una polémica ley que otorga a Nicolás Maduro poderes extraordinarios para tomar decisiones en materia económica, alegando que será un instrumento para “contrarrestar” sanciones encabezadas por Estados Unidos.
La “Ley Antibloqueo”, presentada por Maduro, incluso le otorga potestad para “inaplicar” normas legales “cuya aplicación resulte imposible o contraproducente” causado por los efectos de las restricciones financieras que enfrenta el país caribeño, según su articulado.
La legislación dicta, entre otras cosas, que activos expropiados por el gobierno socialista “podrán ser objeto de alianzas” con privados. Así, el gobierno “podrá modificar los mecanismos de constitución; gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior”.
La nueva ley, además, declara “secretos y reservados” todos los actos derivados de su aplicación; por lo que el gobierno de Maduro no estaría obligado a someterse a controles. No fija mecanismos para rendición de cuentas previas, indicando que solo la Contraloría podrá tener acceso posterior a información si lo solicita.
Fuente: Infobae
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