La acusación popular en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reducido la pena de prisión que solicitaba para ella de 24 a 13 años. Con relación con los delitos de tráfico de influencias y malversación de patrimonio público, en vista del juicio que se llevará a cabo con jurado popular.
Asimismo, en el documento presentado este lunes, la acusación popular ha modificado el texto que había presentado anteriormente, en el que solicitaban hasta 24 años de prisión para Gómez, y ahora pide 13 años de cárcel.
En detalle, son dos años por tráfico de influencias, tres por delito continuado de malversación de patrimonio público. Además de ocho por el mismo delito, sin ser continuado, en un caso que investiga a la esposa de Pedro Sánchez por una cátedra que codirigió en una universidad pública.
Detalles de la pena de Begoña Gómez, esposa de Sánchez
En cuanto a la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, la acusación ha reducido la solicitud inicial de 22 años de prisión a 6.
No obstante, las acusaciones, encabezadas por Hazte Oír (una organización española de extrema derecha), presentan este documento tras recibir del juez la resolución de la Audiencia de Madrid.
La acusación popular sostuvo que Gómez asumió la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (una institución pública y una de las universidades más reconocidas de España) «sin que exista un proceso de selección ni la titulación que justificara su nombramiento».
Además, se le imputa un delito de malversación por el «uso privado» del trabajo de su asesora, quien es remunerada con fondos públicos.
La acusación popular solicita, igualmente, que un centenar de testigos, entre ellos Pedro Sánchez, comparezcan en el juicio. Los detalles serian por «el uso de la Moncloa -sede de la Presidencia del Gobierno y residencia del jefe del Ejecutivo- como espacio relacional del proyecto» de Gómez.
Medidas cautelares
Por otro lado, el 16 de julio pasado, el juez determinó que Gómez sería juzgada por un jurado popular por tráfico de influencias y malversación de patrimonio público, y sobreseyó otros dos delitos (apropiación indebida y corrupción en los negocios).
Asimismo, decidió levantar las medidas cautelares. Las medidas incluían la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial.
Con información: Unión Radio.
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