El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció el 6 de noviembre la destrucción de un nuevo barco presuntamente vinculado al narcotráfico, resultando en la muerte de sus tres tripulantes. Con este incidente, el total de fallecidos en operaciones similares en aguas internacionales asciende a 69.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, comunicó el ataque a través de su cuenta de Truth Social, indicando que la embarcación estaba involucrada en el tráfico de estupefacientes en el Caribe. Además, advirtió que cualquier continuación de estas actividades resultará en acciones letales contra los involucrados.
Hegseth complementó su publicación con un video en blanco y negro, sin audio, que captura el instante del bombardeo. Además, destacó que el operativo fue ordenado por el presidente Donald Trump, al igual que en ataques anteriores.
Estados Unidos atacó un barco ligado al «narcotráfico»
Desde septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo una ofensiva militar que ha resultado en la destrucción de más de 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Las ofensivas van dirigidas contra grupos que el gobierno de Trump asocia con el crimen organizado.
No obstante, el mismo día jueves, una propuesta demócrata destinada a limitar la campaña militar del presidente fracasó en el Senado. La propuesta quedó con un resultado de 49 votos a favor y 51 en contra, lo que permitió a los republicanos bloquear la iniciativa que buscaba requerir la autorización del Congreso para futuros ataques.
Asimismo, la administración Trump ha intensificado su enfoque contra el narcotráfico al declarar un “conflicto armado directo” contra los carteles latinoamericanos, a los que ahora clasifica como organizaciones terroristas.
Esta estrategia se inició en agosto con operaciones cerca de Venezuela y se ha ampliado hacia el océano Pacífico, abarcando también a Colombia.
Por su parte, los gobiernos de Venezuela y Colombia han denunciado los ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Igualmente, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Provea han puesto en tela de juicio la legalidad de estas acciones, argumentando que constituyen una violación del derecho internacional.
Con información: El Diario.
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