La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) reveló este miércoles que, durante el mes de agosto, se registró 134 ataques a defensores de DD.HH. en Venezuela.
De acuerdo a un informe difundido este miércoles por la ONG Centro para los Defensores y la Justicia, se registró 134 ataques a defensores y organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Venezuela, 78 casos más que en julio, cuando se documentaron solo 56.
“En el contexto postelectoral se profundó la política de criminalización, represión y control social que afecta las acciones de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, aumentando las agresiones y el amedrentamiento en contra de quienes las realizan”, indicó la ONG en su más reciente boletín.
REPORTE CDJ | Agosto 2024
134 ataques e incidentes de seguridad durante agosto de 2024 en Venezuela.
En el contexto post electoral se profundó la Política de Criminalización, Represión y Control Social afecta las acciones de promoción, defensa y exigencia de… pic.twitter.com/uZHsJmNqib
— Centro para los Defensores y la Justicia (@DefensoresDDHH_) September 25, 2024
Según el CDJ, las tácticas del Estado tienen como objetivo “crear un ambiente de miedo que limite la acción de las organizaciones defensores, fomentando el retraimiento ante el temor a posibles represalias”.
El informe subraya cómo la defensa y promoción de los derechos humanos “está bajo ataque continuo, lo que pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad de asociación, reunión y defensa en Venezuela”.
Ataques a defensores de DD.HH. en Venezuela
Del total de casos, 56 fueron de intimidación y hostigamiento, 47 de estigmatización, 19 amenazas, 5 detenciones arbitrarias, 4 de judicialización y 3 en la categoría de “otros“, que no fueron precisados.
Detalló que el 72% de los casos registrados fueron ejecutados contra organizaciones no gubernamentales, mientras el restante 28% estuvo dirigido a personas.
Los principales responsables, prosiguió la ONG, fueron medios de comunicación “gubernamentales” (36%), seguido de funcionarios públicos (30%), instituciones públicas (21%), actores afines al Gobierno (7%) y organismos de seguridad (6%).
Finalmente, la organización sostiene que, “mientras persistan las medidas legales y prácticas que limitan el espacio cívico y democrático, los riesgos continuarán presente para la sociedad civil en el país”.
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