Este miércoles 15 de marzo fue admitida por un juzgado de instrucción español, el trámite de denuncia de la Fiscalía contra el Fútbol Club Barcelona por el pago de más de 7 millones de euros al exárbitro José María Enríquez Negreira, cuando éste era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).
Según reseñó El Confidencial, la magistrada Silvia López Mejía aceptó la mayoría de las diligencias solicitadas por los fiscales.
Además, les imputó los delitos de administración desleal, corrupción en los negocios y falsedad documental.
De acuerdo a la jueza, que coincide con el criterio del Ministerio Público, existen firmes indicios de que los pagos; que se produjeron a lo largo de 20 años, tenían como finalidad garantizar buenos arbitrajes al equipo catalán.
Además de la entidad deportiva como persona jurídica; también se encuentran imputados los expresidentes blaugranas Sandro Rosel y Josep María Bartomeu.
Así como también, los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau, además del exárbitro Enríquez Negreira.
Admitida denuncia contra el FC Barcelona
La primera medida ordenada por la magistrada es que la Guardia Civil analice la documentación relativa a las sociedades de Enríquez Negreira y su hijo.
Esto luego de que Hacienda localizara un entramado de siete sociedades a través de las cuáles; se vinculaban los pagos al entonces vicepresidente del órgano de gobierno de los árbitros.
En las actividades financieras se establece que los pagos realizados a Negreira pretendían lograr; “actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club.
Igualmente, recuerda que el CTA es el organismo encargado de designar los árbitros para cada partido.
Así mismo, la Fiscalía sostiene que los pagos realizados no correspondían con ninguna prestación de servicios o asesoramiento técnico real; como afirman las defensas del exárbitro y del club.
Por su parte, el Ministerio Público asegura que se trató de una remuneración no prevista en los estatutos del club.
Tampoco fue aprobada por la Asamblea General y no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno.
A partir de ahora la investigación del caso será asumida por la Fiscalía Anticorrupción; por tratarse de presuntos delitos relacionados con la corrupción de especial trascendencia.
Fuente: NDV/EFE
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