El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, solicitó el miércoles en Panamá que los países de la coalición antidrogas liderada por Washington se retiren de la Corte Penal Internacional (CPI). La calificó como una amenaza a la soberanía nacional durante un foro de seguridad regional.
«Recomiendo encarecidamente a todos los miembros de la ACCC que se alejen de la CPI y desestimen sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía», declaró Hegseth ante representantes de defensa y seguridad de la región.
Estados Unidos, por su parte, no reconoce la jurisdicción del tribunal ubicado en La Haya, que fue establecido en 2002 por el Estatuto de Roma para juzgar genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no desean hacerlo.
Washington nunca ratificó el estatuto fundacional, una postura que comparten potencias como China, Rusia e India, aunque durante décadas ha mantenido con la Corte una relación de cooperación selectiva en casos específicos.
EEUU solicitó a la coalición antidrogas retirarse de la CPI
La distancia se acentuó durante la administración de Donald Trump, quien implementó sanciones que incluyeron la prohibición de viaje a Estados Unidos y la congelación de activos contra varios jueces y fiscales de la CPI. Además, estas medidas fueron principalmente una respuesta a las investigaciones del tribunal sobre supuestos crímenes de guerra perpetrados por Israel, uno de los principales aliados de Washington en el Medio Oriente, en la Franja de Gaza.
El reclamo de Hegseth surge en el contexto de la ofensiva militar que Trump ha mantenido durante casi un año contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, llevando a cabo bombardeos directos contra embarcaciones identificadas como parte de redes de tráfico de drogas. Según un informe de AFP, estos ataques han resultado en aproximadamente 215 muertes en 53 operaciones.
Sin embargo, juristas internacionales y organizaciones de derechos humanos han puesto en duda la legalidad de estos bombardeos. Los describen como posibles ejecuciones extrajudiciales, un tipo de crimen cuya investigación corresponde precisamente a la jurisdicción de la CPI. Hasta el momento, no se ha presentado ninguna denuncia formal ante el tribunal por estos hechos.
Hegseth defendió la ofensiva, afirmando que los bombardeos han llevado a una «caída récord» en el tráfico de narcolanchas a lo largo de ambas costas del continente. Asimismo, el secretario desestimó cualquier legitimidad de la Corte para intervenir en las operaciones militares de Estados Unidos o de sus socios regionales.
Miembros de la CPI
La presión ejercida por Estados Unidos sobre sus aliados para que se distancien de la CPI prevé un nuevo foco de tensión en la región.
No obstante, los países de la coalición se encuentran ahora ante una encrucijada entre continuar su compromiso con un tribunal que cuenta con más de un centenar de Estados miembros o salvaguardar la cooperación militar y de seguridad que Washington proporciona a cambio de un alineamiento político.
Con información: Infobae.
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