La Asamblea Nacional de Venezuela presentó el 2 de diciembre un proyecto de ley para derogar el Estatuto de Roma, con el objetivo de que el país se retire de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta iniciativa surge tras el anuncio del tribunal sobre el cierre de su oficina en Caracas, argumentando la falta de avances significativos en la cooperación con las autoridades venezolanas.
«Hay una posición sesgada por parte de la Corte Penal Internacional y por eso estamos proponiendo ante esta Asamblea la derogatoria de este instrumento», indicó el diputado oficialista Roy Daza, en una sesión ordinaria transmitida por el canal estatal ANTV.
AN anuncia proyecto de ley
Además, a su parecer, la aprobación en primera discusión del proyecto de ley que busca derogar la Ley Aprobatoria de la Corte Penal Internacional representa una decisión significativa. Se da, especialmente, en un contexto donde es crucial que todas las instituciones y fuerzas políticas actúen de manera unida.
Daza argumentó que la Fiscalía de la CPI ha perdido su enfoque original, convirtiéndose en un organismo que responde a intereses externos.
Afirmó que la Corte ha sido instrumentalizada por poderes fácticos, así como por intereses económicos, políticos y culturales vinculados al imperialismo, lo que ha distorsionado su función original.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, expresó que tanto el Parlamento como el pueblo venezolano manifiestan un profundo rechazo hacia la inacción de aquellos que han sido cómplices del genocidio en Gaza.
En este contexto, el 1.° de diciembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el cierre de su oficina en Caracas, citando la falta de avances significativos en Venezuela respecto al principio de complementariedad. Este, a su vez, exige al país investigar de manera seria los crímenes que se le imputan antes de que este tribunal pueda intervenir.
Venezuela desea retirarse de la CPI
El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, expuso en su discurso inaugural de la 24.ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, a pesar del compromiso continuo con las autoridades venezolanas, la CPI determinó que el avance real sigue siendo un desafío.
Por esta razón, se decidió cerrar la oficina establecida en Venezuela en 2024, que tenía como objetivo colaborar con el gobierno local. Sin embargo, Niang enfatizó que la investigación sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad en el país continúa activa, liderada por un equipo de fiscales que operará desde La Haya.
En respuesta, el Ejecutivo de Nicolás Maduro, a través de un comunicado de la Cancillería, afirmó que es evidente que no se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Maduro argumentó que ha demostrado su posición en todas las instancias, calificando el proceso como una herramienta de manipulación geopolítica.
Con información: El Diario.
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