Ante la disminución de los ingresos petroleros y el endurecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos (que incluye la revocación de la licencia a Chevron en Venezuela), el gobierno venezolano decidió trasladar la carga financiera al sector privado, incrementando los impuestos y las tarifas de los servicios públicos.
La acción tiene como objetivo compensar la pérdida de divisas, pero pone en riesgo a las empresas que todavía funcionan en un entorno ya desfavorable.
Gobierno venezolano
Según lo informado por la agencia Reuters, tanto empresarios como analistas coinciden en que el nuevo esquema fiscal está complicando aún más la recuperación del sector privado. Desde enero, Maduro ha solicitado duplicar la recaudación tributaria —que el año pasado alcanzó los 5.200 millones de dólares—, y en abril firmó un decreto de emergencia económica que le otorga la facultad de eliminar exenciones fiscales.
En el primer trimestre del año, los ingresos fiscales experimentaron un aumento de aproximadamente el 20%, según datos citados por Reuters. Además, los servicios públicos —que históricamente han sido subsidiados— han visto duplicadas sus tarifas en el último año, de acuerdo con el Observatorio Financiero Venezolano.
Representantes del sector empresarial se han reunido con autoridades gubernamentales con el objetivo de revisar algunos tributos, pero sin éxito.
Un empresario entrevistado por Reuters comentó: “Cuando no cuentas con capital de trabajo, dejas de generar empleos”.
El impacto ya se manifiesta en las expectativas laborales. Según Conindustria, las grandes empresas no tienen planes de aumentar su personal, y las medianas incluso proyectan una reducción cercana al 1%.
Sector privado luego de la salida de Chevron
Ante la actual situación cambiaria en Venezuela, donde el gobierno intenta abordar el mercado paralelo de divisas en un entorno económico caracterizado por la creciente inflación y la posible disminución de los ingresos del sector petrolero, el economista y profesor universitario Hermes Pérez enumeró algunas medidas urgentes que el Estado podría implementar para enfrentar la situación.
Hermes Pérez subrayó que estas medidas pueden considerarse como un kit de emergencia para abordar la coyuntura cambiaria del país, ya que «hay muchas acciones de fondo que se podrían llevar a cabo para complementar estas medidas coyunturales».
A continuación, se presentan algunas de las medidas sugeridas por el especialista:
1.- Ajustar el tipo de cambio oficial de inmediato y llevarlo a su nivel de resistencia.
2.- Permitir operaciones comerciales a dólar promedio durante 60 días.
3.- Permitir las transferencias en dólares entre bancos e intra-bancos.
4.- Modificar la regulación relacionada con el diferencial máximo entre el tipo de cambio de compra y de venta a 0,5%.
5.- Exonerar el cobro del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) por un período de 90 días.
Con información: El Nacional.
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