La Casa Blanca desestimó las alegaciones de haber violado una orden judicial que detenía las deportaciones de venezolanos supuestamente relacionados con el Tren de Aragua hacia El Salvador.
El gobierno de Donald Trump justificó las medidas y afirmó que la orden del juez federal James Boasberg, fue emitida una vez que los migrantes ya habían salido del territorio estadounidense.
La Casa Blanca no incumplió ninguna orden judicial
El sábado, Boasberg emitió una orden temporal que suspendía las deportaciones y requería que cualquier vuelo en curso con migrantes a bordo regresara a Estados Unidos. Sin embargo, la administración republicana informó el domingo que 250 deportados ya se encontraban bajo la custodia de las autoridades salvadoreñas.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, declaró en un comunicado que la administración no había incumplido ninguna orden judicial, según lo publicado por CNN. Afirmó que la decisión judicial carecía de fundamento legal y se había tomado después de que los presuntos delincuentes abandonaran el país.
La funcionaria también expresó su preocupación por la posibilidad de que un único juez intente anular una medida presidencial relacionada con la seguridad nacional.
Trump se mantiene al margen
En su regreso a Washington, el presidente Trump eludió dar una respuesta clara sobre si su administración desobedeció la orden del juez, al afirmar que los deportados eran «malas personas». Trump indicó que cualquier inquietud deberá ser abordada por los abogados del gobierno.
Organizaciones de derechos civiles han solicitado una pronta aclaración del juez Boasberg acerca de la actuación de los funcionarios federales en relación con la orden judicial. Exigen información precisa sobre el momento en que los vuelos despegaron, si estos se llevaron a cabo tras la decisión del juez y bajo qué condiciones se entregaron los migrantes a El Salvador.
El senador republicano Mike Rounds manifestó su deseo de que el Ejecutivo respete la ley, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio defendió la acción y afirmó que los deportados se encuentran en prisiones salvadoreñas con apoyo financiero de Estados Unidos.
Con información: El Nacional.
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